El acuerdo al que llegaron Apple y Odecu -Organización de Consumidores y Usuarios-, es el cierre de uno de los tantos frentes legales donde la manzana es acusada de obsolescencia programada, pecado empresarial que reconoció públicamente en 2017, aunque con bemoles.
Actualizar o no actualizar. Esa es la cuestión.
El veloz desarrollo tecnológico en software móvil, con pequeñas y constantes mejoras detectadas gracias a los miles de millones de terabytes de datos recogidos por los celulares, están forzando constantemente a los fabricantes a mejorar el producto y servicio que ofrecen.
En esta dinámica, y como en todo, hay buenas formas y malas formas. Y el que Apple esté siendo demandado en Francia, Portugal y Chile, por las mismas razones, confirma el juicio hacia una empresa que tienen un historial de encontrones por su misterioso espíritu empresarial.
Según reporta 9to5Mac.com, , Deco Proteste, una ONG en Portugal símil a la Odecu chilena, esperó tres años una respuesta de la manzana antes de demandarlos, en marzo de este año, por los mismos problemas. Específicamente en los iPhones 6, Plus, 6S y 6S Plus, pidiendo 7 millones de euros para compensar a 115.000 usuarios portugueses.
Incluso lanzaron un lindo video de su campaña:
Sin video, en Italia ocurrió lo mismo.
Allá, el Tribunal Administrativo de Roma ordenó a Apple a pagar una multa de 10 millones de euros. Y en Francia la agencia de protección al consumidor del ministerio de Economía los está investigando desde diciembre del 2017, argumentando que la famosa actualización coincidía con el lanzamiento del nuevo modelo, el iPhone 8.
La ola de demandas incluso llegó al viejo oeste. El fiscal general de Arizona, Mark Bvrnovich, obligó a pagar 115 millones de dólares a la compañía, argumentando que “en vez de divulgar la información, o reemplazar las baterías, Apple escondió el problema a los consumidores y alteró el desempeño de los iPhone”.
La actualización más cara de la historia.
